LEY DE CREACION. LEY N° 6.004

Se incluyen modificaciones introducidas por Ley N° 6.509 del 20/11/93

REGLAMENTASE LA PROFESION DE INGENIERIA CIVIL

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Tucumán, sancionan con fuerza de:
LEY
INGENIEROS CIVILES
REGLAMENTACION DE LA PROFESION

CAPITULO I

Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de Ingeniero Civil en la Provincia de Tucumán queda sujeto a las disposiciones de la presente ley, su reglamentación, normas de ética profesional y toda norma complementaria dictada por los órganos por ella creados.

Artículo 2°.- Se considerará ejercicio profesional a toda actividad técnica o científica, permanente o accidental, realizada en forma individual o asociada, en forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia, y que requiera la capacitación que otorga el título de Ingeniero Civil otorgado por Universidades Nacionales o privadas o extranjeras que hayan sido debidamente revalidados o estuvieran dispensados de hacerlo en virtud de Convenios Internacionales, tales como:
a) La prestación de servicios de asesoramiento, estudios, anteproyectos, proyectos, dirección, conducción y representación técnica, administración, relevamientos, y otras actividades inherentes a la Ingeniería Civil.
b) La realización de estudios, informes, dictámenes, consultas, laudos, documentaciones técnicas, relevamientos, mediciones, mensuras, tasaciones y otros asuntos específicos de la profesión.
c) El desempeño de cargos, funciones, comisiones, empleos, o cualquier tipo de prestaciones profesionales en empresas o reparticiones públicas o privadas, en forma permanente u ocasional, para cuya designación o ejercicio se requiera el título de Ingeniero Civil.
d) La dedicación a la investigación, experimentación, ensayos, divulgación técnico-científica, críticas, así como la docencia cuando para ello se requiera el título de Ingeniero Civil.

Artículo 3°.- El ejercicio profesional debe llevarse a cabo mediante la prestación personal de los servicios. Los profesionales tienen la obligación de insertar su firma autógrafa en cada copia de plano, proyecto, estudio o trabajo profesional que realicen, aclarándola con un sello que exprese nombre, profesión y número de matrícula. La profesión puede ejercerse mediante la actividad libre o en relación de dependencia, previa matriculación en el Colegio, según las siguientes modalidades: a) Libre, individual o asociado. Cuando el convenio o prestación profesional se realice entre el comitente, ya sea éste público o privado, y el o los profesionales asumiendo éstos todas las responsabilidades derivadas de la tarea y percibiendo los honorarios correspondientes.
b) En relación de dependencia: a toda tarea que consista en el desempeño de empleos, cargos o funciones en instituciones, reparticiones y empresas públicas o privadas.

Artículo 4°.- Cuando el Estado Provincial o Municipal o cualquiera de sus reparticiones o empresas, como así también las nacionales utilicen los servicios de los Profesionales Ingenieros Civiles, deberán respetar en cuanto sea pertinente las disposiciones de la presente ley.

Artículo 5°.- Ningún profesional empleado podrá ejecutar ni tramitar trabajos particulares cuya iniciación o aprobación deba efectuarse en la repartición a que pertenezca. Tampoco podrá contratar o tramitar la ejecución o proyecto de obras públicas o de otro trabajo profesional con el gobierno de cuya administración forma parte, pero podrá realizar pericias o arbitrajes cuando fuese designado por los Poderes del Estado.

Artículo 6°.- Es incompatible el ejercicio profesional con el desempeño de cualquiera de los siguientes cargos:
a) Gobernador y Presidente de las Honorables Cámaras Legislativas de la Provincia.
b) Ministro, Secretario General de la Gobernación, Secretario de Estado, Subsecretario de Estado o cualquier cargo que por ley tenga igual rango que los enumerados en este artículo.
c) Titular o integrante del órgano máximo de los entes autárquicos, de las Empresas o Sociedades del Estado, sean éstos nacionales, provinciales o municipales.
d) Intendente Municipal, Presidente del Consejo Deliberante o Secretario del Departamento Ejecutivo de las municipalidades.

Artículo 7°.- Toda persona, entidad o empresa que contrate estudios, proyectos u obras públicas o privadas, así como concesiones de obras o servicios públicos que estén vinculados específica o fundamentalmente a la Ingeniería Civil.

CAPITULO II

Artículo 8°.- La expresión Ingeniero Civil es reservada exclusivamente para las personas físicas diplomadas en universidades nacionales oficiales o privadas reconocidas por el Estado, o extranjeras que hubieran revalidado su título en universidad oficial o estuvieran dispensados de hacerlo en virtud de un tratado internacional. En las sociedades, asociaciones o entidades en general, el uso del título corresponde individualmente a los profesionales que de ellas forman parte, siendo prohibido a las mismas hacer referencia a este título cuando no lo posea la totalidad de sus integrantes.

Artículo 9°.- Se considera uso del título de Ingeniero Civil a todo manifestación, hecho o acción que permita inferir la existencia de la capacitación que otorga el título dentro del amplio alcance del mismo en relación con el ejercicio profesional.

CAPITULO III

Artículo 10°.- El Colegio de Ingenieros Civiles llevará la matrícula correspondiente a la profesión, la que será única en todo el territorio de la Provincia, habilitando la inscripción en la misma para el ejercicio profesional definido en el Art. 2° en todo el ámbito de aplicación de esta ley, sin que se requiera la inscripción en ningún otro registro público o privado. Asimismo no podrán las municipalidades, reparticiones u otras entidades imponer contribución o tasa que grave, ni exigencia que limite el libre ejercicio de la profesión de Ingeniero Civil.

Artículo 11°.- Para ejercer en la Provincia la profesión de Ingeniero Civil será requisito previo e indispensable la inscripción en el Colegio de Ingenieros Civiles.

Artículo 12°.- Serán admisibles en la matrícula los profesionales que posean título de Ingeniero Civil conforme a alguna de las modalidades señaladas en el Art. 8°.

Artículo 13°.- Los matriculados que no se encontraren al día en el pago del derecho anual de inscripción, quedarán suspendidos de la matrícula hasta tanto regularicen su situación. La Junta Directiva efectuará las comunicaciones que fuesen necesarias.

CAPITULO IV

Artículo 14°.- Créase el Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal. El mismo será el único ente reconocido por el Estado Provincial y Municipal para la realización de los objetivos y finalidades expresados en esta ley.

Artículo 15°.- El Colegio de Ingenieros Civiles tendrá su sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán, pudiendo el mismo establecer delegaciones en el interior de la Provincia cuando lo considerara necesario, y estará constituido por todos los Ingenieros Civiles inscriptos en la matrícula.

Artículo 16°.- No podrán formar parte del Colegio de Ingenieros Civiles los profesionales sancionados localmente o por cualquier otro Colegio o Consejo Profesional del país, mientras dure el término de la sanción aplicada.

Artículo 16°.- Son atribuciones y deberes del Colegio de Ingenieros Civiles:
1) (Modificado por Ley N° 6.509) Controlar el cumplimiento de la presente ley, de las reglamentaciones que se dictaren en su consecuencia, y de las disposiciones o resoluciones de cualquiera de sus órganos, ejerciendo el poder disciplinario sobre sus matriculados, para lo cual mantendrá a disposición de los mismos y del público, un libro de denuncias de infracciones que pudieran dar lugar a la formación de causa disciplinaria.
2) Defender los intereses y derechos de toda índole de sus matriculados en relación con su ejercicio profesional.
3) Atender por sí o por medio de sus representantes legales las actuaciones ante organismos administrativos nacionales, provinciales o municipales y/o ejercer de la misma forma las acciones judiciales que correspondiere o estimare conveniente.
4) Propender a que en el ejercicio profesional los matriculados ajusten su actuación a las técnicas más actualizadas.
5) Asesorar a los poderes públicos y a sus organismos dependientes descentralizados o autárquicos, de oficio o a requerimiento de los mismos, en las cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional y en la incorporación de las técnicas, normas o criterios más actualizados, en especial aquellos de validez reconocida y otorgada en el ámbito nacional, con el objeto de procurar la adopción en la Provincia de los más modernos criterios de estudio, diseño, proyecto, cálculo y seguridad estructural.
6) Dictar las normas y reglamentaciones internas necesarias para su mejor organización funcional y administrativa, con sujeción a las disposiciones de esta ley y su reglamentación.
7) Resolver los pedidos de inscripción, suspensión y cancelación de matrícula, ejerciendo el control actualizado de la matrícula que habilita para el ejercicio profesional, comunicando públicamente la lista de profesionales inscriptos.
8) (Suprimido por Ley N° 6.509)
9) (Modificado por Ley N° 6.509) Informar o sugerir a pedido de los profesionales matriculados o dictaminar, a pedido de parte interesada o a solicitud de autoridad competente o por orden judicial, sobre honorarios y cuentas de gastos relativos a trabajos o servicios profesionales.
10) (Suprimido por Ley N° 6.509)
11) Disponer todo lo atinente a la designación de personal y demás condiciones de la relación de empleo con sus dependientes como así también disponer la locación de obras, bienes o servicios y, en general, efectuar cualquier contratación que resultara necesaria o conveniente para el mejor cumplimiento de su cometido.
12) Administrar y disponer de su patrimonio y realizar las inversiones y gastos previstos en su presupuesto, conforme lo establezca la reglamentación. Remitir anualmente al organismo provincial de contralor de las personas jurídicas la memoria, balance y cuenta de inversiones de cada ejercicio dentro de los 15 días siguientes al de su aprobación por la asamblea.
13) Ejercer las facultades y usar los derechos que según las leyes correspondan a las personas jurídicas de este tipo.
14) Implementar la creación o adhesión a sistemas de asistencia social, económica o financiera, como así también a regímenes previsionales, cooperativos de cualquier naturaleza en beneficio de sus matriculados.
15) Crear un fondo destinado a la institución de becas para estudiantes o profesionales, conforme a la reglamentación a dictarse.
16) Realizar cualquier acto no enumerado en los incisos precedentes que conforme a esta ley pudiera resultar necesario o conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.

CAPITULO V

Artículo 18°.- El Colegio de Ingenieros Civiles contará con los siguientes órganos:
1) La Asamblea.
2) La Junta Directiva.
3) La Comisión Revisora de Cuentas.
4) El Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 19°.- La Asamblea podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La Asamblea Ordinaria se reunirá anualmente, dentro de los ciento veinte días posteriores al 31 de Diciembre de cada año, fecha de cierre del ejercicio. En ella se considerará exclusivamente la memoria anual, el balance general con sus respectivos cuadros, el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, la cuenta de inversiones, el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio siguiente, la designación de los integrantes de la Junta Electoral, los que serán propuestos por la Junta Directiva y la elección de dos matriculados asistentes para que firmen las respectivas actas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta Directiva. La Asamblea Ordinaria será convocada por la Junta Directiva con una anticipación mínima de treinta días a la fecha de su realización mediante publicaciones en el Boletín Oficial y en un diario local.
La Asamblea Extraordinaria se llevará a cabo cuando la Junta Directiva lo considere necesario o cuando un número no inferior al 20% del total de los matriculados habilitados así lo soliciten. Este pedido deberá ser debidamente fundado, con clara y precisa determinación de su objeto, y será acordado dentro de los diez días de formulado, debiéndose realizar la convocatoria dentro de los treinta días siguientes. La Asamblea Extraordinaria tratará exclusivamente los puntos que determinaron su convocatoria a cuyos efectos la Junta Directiva elaborará y publicará juntamente con aquella el correspondiente Orden del Día, por los mismos medios antes indicados. Sólo podrán participar en ambas asambleas los matriculados inscriptos habilitados.

Artículo 20°.- La Junta Directiva estará constituida por el Presidente del Colegio y seis (6) Vocales Titulares y tres (3) suplentes. Del total de Vocales que integran en titularidad la Junta Directiva, por lo menos cuatro (4) deberán ser Ingenieros Civiles egresados de la Universidad Nacional de Tucumán.

Artículo 21°.- Los Vocales titulares y suplentes serán elegidos por simple mayoría de votos de los habilitados. El voto será secreto y obligatorio.

Artículo 22°.- La Junta Directiva se constituye por sí, previa proclamación de los electos por parte de la Junta Electoral. En caso de renovación total de sus miembros incluido el propio Presidente, la convocatoria a reunión y a la proclamación de los electos será hecha por el Presidente que concluye su mandato, a cuyos efectos continuará en funciones hasta la elección de su sucesor.

Artículo 23°.- El Presidente del Colegio será elegido de entre los matriculados que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 24, por el voto de la mayoría de los Vocales de la Junta Directiva en ejercicio de la titularidad, en la reunión especial que se convocará al efecto, conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 24°.- Para ser Presidente se requiere:
1) Ser argentino nativo o naturalizado.
2) Poseer título de Ingeniero Civil expedido por una Universidad Nacional.
3) Registrar inscripción en la matrícula con una antigüedad no menor de diez años.
4) Tener cinco años de residencia inmediata y continuada en la Provincia.
5) No haber sufrido condena judicial por delitos dolosos.

Artículo 25°.- Para ser Vocal Titular o Suplente se requiere:
1) Ser argentino nativo o naturalizado.
2) Registrar inscripción en la matricula con una antigüedad no menor de cinco años.
3) Tener tres años de residencia inmediata y continuada en la Provincia.
4) No haber sufrido condena judicial por delitos dolosos.

Artículo 26°.- Las elecciones tendrán lugar con una anticipación no menor de quince días a la fecha en que deben asumir sus cargos los electos, y serán válidas cualquiera fuere el número de votantes. Los electores serán convocados, por lo menos, con treinta días de anticipación, mediante avisos a que se publicarán por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario que se designe. La reglamentación establecerá las normas que regirán el proceso electoral, desde la convocatoria hasta la proclamación de los electos.

Artículo 27°.- El Presidente y los Vocales Titulares y Suplentes durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por una sola y única vez. Los cargos de vocales titulares se renovarán cada dos años por mitades, a cuyos efectos deberá efectuarse un sorteo cuando se tratare de la primera constitución del Cuerpo.

Artículo 28°.- El Presidente del Colegio ejercerá a la vez la Presidencia de la Junta Directiva y de las Asambleas. Es el representante legal del Colegio y podrá conferir, previa autorización de la Junta Directiva, poderes generales o especiales.

Artículo 29°.- Luego de ser electo el Presidente, en el mismo acto la Junta Directiva procederá a elegir de entre sus miembros titulares, por simple mayoría de votos de los presentes, un vicepresidente y un secretario de la Junta, quienes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos por una sola vez en períodos consecutivos. El vicepresidente reemplazará al titular en caso de ausencia transitoria. En los supuestos de ausencia permanente, incapacidad sobreviniente, renuncia o fallecimiento del titular, asumirá la presidencia y convocará de inmediato a la Junta Directiva para que proceda a la elección de un nuevo titular, hasta completar el período del mandato del anterior.

Artículo 30°.- Los vocales suplentes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia, licencia, renuncia, incapacidad sobreviniente o fallecimiento, y se incorporarán como titulares en los tres últimos casos, hasta completar el mandato del titular.

Artículo 31°.- La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos cuatro de sus miembros. Resolverá por mayoría de votos, salvo en los casos que requieran quórum o mayorías especiales. El presidente tendrá doble voto en caso de empate.

Artículo 32°.- El Secretario de la Junta Directiva tendrá por funciones:
1) Asistir al Presidente en las sesiones de la Junta Directiva y en las Asambleas.
2) Labrar las actas de las sesiones de ambos órganos.
3) Desempeñar otras funciones que le asigne el Presidente y la Junta Directiva.

Artículo 33°.- La organización técnico-administrativa del Colegio será la siguiente:
Gerente, Jefe del Departamento Técnico, Asesor Letrado y Auditor contable. El Gerente y el Jefe de Departamento Técnico deberán ser matriculados del Colegio con una antigüedad no menor de diez años. La reglamentación especificará las funciones de cada uno y los demás aspectos relativos a su desempeño, pudiendo el Colegio de Ingenieros Civiles crear otros cargos o suprimirlos, si ello resultara necesario o conveniente.

Artículo 34°.- Son funciones y atribuciones de la Junta Directiva:
1) Poner en ejercicio los atributos y deberes del Colegio, enunciados en el artículo 17 de la presente ley.
2) Ejercer la administración del Colegio.
3) Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y preparar el orden del día respectivo.
4) Redactar la Memoria Anual, el Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, la Cuenta de Inversiones, y proyectar el Presupuesto y Cálculo de Recursos para el ejercicio siguiente, los que serán sometidos a la Asamblea Ordinaria para su aprobación.
5) Elegir al Presidente, al Vicepresidente, al Secretario de la Junta Directiva y a los integrantes de la organización técnico-administrativa a que se refiere el artículo 33 de esta ley en la forma que establezca la reglamentación.
6) Ajustar las retribuciones del personal técnico administrativo.
7) Designar el personal en relación de dependencia necesario para el funcionamiento del Colegio, fijar sus remuneraciones, disponer ascensos, traslados y remociones, otorgar licencias y ejercer el poder disciplinario.
8) Decidir sobre todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento de la entidad no previstos expresamente en esta ley.

Artículo 35°.- El Tribunal de Ética y Disciplina estará integrado por cinco (5) miembros titulares y dos (2) suplentes elegidos conjuntamente con los Vocales titulares y suplentes. Estos durarán cuatro (4) años en sus funciones y no podrán ser reelectos en períodos consecutivos. Para ser miembro del Tribunal de Ética y Disciplina se requiere:
1) Ser argentino nativo o naturalizado.
2) Registrar inscripción en la matrícula respectiva, con una antigüedad no menor de diez (10) años.
3) Tener cinco (5) años de residencia continuada en la Provincia.
4) No haber sufrido condena judicial por delito doloso.
Este Tribunal ejercerá el poder disciplinario sobre todos los Ingenieros Civiles matriculados en la Provincia a cuyos efectos conocerá y juzgará de acuerdo con las normas de Ética Profesional las faltas cometidas por éstos sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en las que incurran.

Artículo 36°.- La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente, los que serán elegidos en la misma oportunidad consignada en el artículo anterior. Durarán cuatro (4) años en sus funciones, no podrán ser reelectos en periodos consecutivos y deberán reunir los mismos requisitos establecidos en el artículo precedente.

Artículo 37°.- A los fines del cálculo de la antigüedad en los artículos 24, 25, 33, 35 y 36, se computarán la correspondiente a la inscripción en el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Tucumán -Ley 5.275- y la inscripción en el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura -Decreto Ley 134/63-.

Artículo 38°.- La Comisión Revisora de Cuentas tendrá por funciones considerar y verificar el Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados y la Cuenta de Inversiones de cada ejercicio e informar fundadamente a la Asamblea Ordinaria sobre los mismos una vez cumplimentados los requisitos pertinentes. La reglamentación establecerá los aspectos relativos al funcionamiento de la Comisión Revisora de Cuentas.

Artículo 39°.- El Colegio sólo se obliga por actos y resoluciones vinculados al objeto asociacional y a las finalidades perseguidas por el mismo. Caso contrario, el Presidente y los Vocales serán responsables personal y solidariamente por dichos actos y resoluciones de la Junta Directiva respecto de los cuales no hayan hecho constar en acta su expresa y fundada disidencia.

CAPITULO VI

Artículo 40°.- El patrimonio del Colegio de Ingenieros Civiles estará constituido por la parte del patrimonio del actual Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, creado por Ley N° 5.275 que se determinará como correspondiente a la División N° 1 del mismo (Ingenieros Civiles) incluyendo los Créditos devengados y aún no percibidos a la fecha, de acuerdo a la modalidad de división de bienes que se establece en el artículo 78, y se integrará además con:
1) Los derechos de inscripción en la matrícula, cuyo importe fijará la reglamentación;
2) El derecho anual que deberán abonar todos los matriculados cuyo importe fijará la Junta Directiva;
3) (Modificado por Ley N° 6.509) Contribución voluntaria de hasta un cinco por ciento (5%) de los honorarios que perciban, que podrá ser computado como pago a cuenta del derecho establecido en el inciso 2), de acuerdo con lo que disponga la entidad.

Artículo 41°.- (Derogado por Ley N° 6.509)

CAPITULO VII

Artículo 42°.- (Derogado por Ley N° 6.509)

Artículo 43°.- (Derogado por Ley N° 6.509)

Artículo 44°.- (Modificado por Ley N° 6.509) Las partes luego de establecer los alcances del trabajo profesional, deberán firmar la correspondiente orden para la ejecución del mismo; las reparticiones públicas podrán requerir el visado de la documentación correspondiente del trabajo ejecutado por parte del Colegio de Ingenieros Civiles.

Artículo 45°.- (Modificado por Ley N° 6.509) Sin perjuicio de la libre contratación entre las partes, el Colegio de Ingenieros Civiles podrá determinar valores sugeridos por honorarios u otras formas de retribución de servicios profesionales. Asimismo implementar para sus asociados un sistema de prestaciones de servicios de adhesión voluntaria, que podrá preveer la contribución a la entidad de hasta un 5% de los honorarios que perciban estos últimos.

Artículo 46°.- (Derogado por Ley N° 6.509)

Artículo 47°.- (Modificado por Ley N° 6.509) El pago de los honorarios podrá ser reclamado judicialmente por el profesional acreedor de los mismos mediante juicio ejecutivo, el Colegio de Ingeniero Civiles tiene personería para actuar en todos los fueros e instancias judiciales en representación de sus asociados.

Artículo 48°.- (Modificado por Ley N° 6.509) La fijación de honorarios correspondientes a servicios o trabajos profesionales prestados en trámites judiciales será efectuada por el Juez competente. Cuando se considere necesario para una fijación justa de tales honorarios, el Juzgado interviniente requerirá asesoramiento a la entidad que ejerza el gobierno de la matrícula sobre el monto de los mismos, el aconsejará sobre el tema, ponderando adecuadamente la incidencia del valor o monto de la cuestión sometida al profesional para el dictamen, o el valor el juego en la litis o el monto fijado en la sentencia.
El aconsejamiento de dicha entidad no será vinculante para el juez, quien podrá adecuar el monto sugerido teniendo en cuenta:
a) El mérito de la labor efectuada, la fundamentación del informe pericial y su importancia en la resolución del proceso;
b) La complejidad y carácter de la cuestión sobre la que se hubiere efectuado la prueba pericial y el tiempo requerido para culminar el informe, si no hubiere demora imputable al profesional;
c) La trascendencia de la cuestión sobre la que se hubiera requerido la prueba pericial.

Artículo 49°.- La regulación judicial firme da derecho al profesional a la ejecución contra la parte que solicitó el informe o contra ambas conjuntas y solidariamente si la prueba fuese común o contra la parte condenada en costas, a elección del profesional acreedor.

Artículo 50°.- (Derogado por Ley N° 6.509)

Artículo 51°.- (Modificado por Ley N° 6.509) Cuando se desistiera de la acción o existiera transacción una vez aceptado el cargo, sin haber llegado el profesional a presentar las conclusiones de su labor, el mismo tendrá derecho a regulación de honorarios, la que será efectuada por el Juez de la causa en base a los antecedentes que le fueran aportados para ese fin.

Artículo 52°.- (Modificado por Ley N° 6.509) Haya mediado o no ejecución, el pago de los honorarios deberá hacerse mediante depósito judicial a la orden del Juzgado o Tribunal interviniente, quien librará orden de pago a nombre del profesional. En caso que los honorarios deban ser satisfechos en especie, el Juzgado hará una estimación de los bienes en valor dinerario a los fines que hubiere lugar.

Artículo 53°.- (Modificado por Ley N° 6.509) Los jueces no podrán dar por terminado ningún juicio o expediente, disponer su archivo, aprobar transacciones, admitir desistimiento, subrogación o cesión, dar por cumplida la sentencia, ordenar el levantamiento de embargos o inhibiciones, o cualquier otra medida de seguridad, ni hacer entrega de fondos, valores depositados, o de cualquier otro documento, sin que previamente se hubiera extendido la orden de pago mencionada en el artículo anterior.

CAPITULO VIII

Artículo 54°.- Serán pasibles de sanción:
1) (Modificado por Ley N° 6.509) Los profesionales inscriptos que incurran en infracción a esta ley, a sus reglamentaciones o al Código de Ética Profesional.
2) Los profesionales inscriptos que teniendo suspendida o cancelada su inscripción, cumplan o desarrollen cualquier actividad propia del ejercicio profesional.
3) Los profesionales comprendidos por esta ley, que sin estar inscriptos realicen tal tipo de actividades.

Artículo 55°.- Las sanciones aplicables a los profesionales a que se refiere el inciso 1) del artículo precedente son:
1) Advertencia, observación o amonestación privada.
2) Multa a establecer por la Junta Directiva.
3) Suspensión de la matrícula, con total cesación de la actividad profesional durante el lapso de la suspensión, por el término que fije el Tribunal de Ética y Disciplina.
4) Cancelación de la Matrícula.

Artículo 56°.- Los profesionales que incurran en las infracciones previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 54, serán sancionados según el inciso 2) del artículo 55.

Artículo 57°.- Las sanciones previstas en esta ley serán ejecutadas por la Junta Directiva previa resolución del Tribunal de Ética y Disciplina, el que las graduará de acuerdo con la gravedad de la falto y/o su reiteración. La suspensión de la matrícula o su cancelación requerirá una mayoría de las cuatro quintas partes de los integrantes del Tribunal de Ética y Disciplina.

CAPITULO IX

Artículo 58°.- El Colegio dispondrá la formación de causa disciplinaria a través del Tribunal de Ética y Disciplina:
1) De oficio, cuando tuviere conocimiento de un hecho que pudiere configurar infracción.
2) Por denuncias que formularan profesionales, autoridades públicas, entidades privadas o personas particulares.
Cuando se tratare de denuncia en contra de alguno o todos los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina, deberá sustanciar la misma la Junta Directiva.

Artículo 59°.- Dictada la resolución que disponga la formación de causa disciplinaria, se dará vista al presunto infractor, con copia de la resolución y de la denuncia, según sea el caso. El imputado deberá formular su descargo en el plazo perentorio de cinco (5) días, hábiles de serle notificada la vista. Vencido dicho plazo, se abrirá la causa a prueba por el término de quince días. La apertura a prueba se notificará únicamente al inculpado si el procedimiento se hubiere iniciado de oficio, o al inculpado y al denunciante si hubiere comenzado por denuncia. Las partes deberán ofrecer y producir las pruebas dentro del término expresado. Concluido el término de prueba se notificará a las partes o sólo al inculpado en los casos de procedimiento de oficio, para que dentro del plazo subsiguiente de cinco (5) días aleguen sobre su mérito.
Hasta el momento de dictar resolución, podrá el tribunal disponer las pruebas que estime pertinentes, haya sido la causa iniciada de oficio o por denuncia. Dentro de los treinta (30) días del vencimiento del término para alegar, el Tribunal de Ética y Disciplina dictará resolución fundada, aplicando la sanción correspondiente o absolviendo al imputado.

Artículo 60°.- Las resoluciones que declaren que no cabe aplicar sanción y las que impongan alguna de las correcciones establecidas en el inciso 1) del artículo 55, serán susceptibles de recurso de reconsideración ante el mismo Tribunal. El recurso deberá interponerse, debidamente fundado, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución y será resuelto en el plazo de quince (15) días.

Artículo 61°.- Las resoluciones que impongan multa o algunas de las sanciones previstas en los incisos 3) y 4) del artículo 55, serán susceptibles del recurso de reconsideración previsto en el artículo precedente, y denegado éste, quedará abierta la vía judicial.

Artículo 62°.- Las providencias o decretos de mero trámite en las causas disciplinarias, serán firmadas por el Presidente del Tribunal de Ética y Disciplina o por el Presidente o Vice a cargo de la Presidencia de la Junta Directiva, según corresponda.

Artículo 63°.- Los términos establecidos son perentorios e improrrogables y sólo se computarán en ellos los días hábiles. El término de prueba y el fijado para alegar son comunes y correrán desde la última notificación de la providencia respectiva.

Artículo 64°.- Las notificaciones de las providencias y decretos del Tribunal de Ética y Disciplina, se harán por medio fehaciente o notificación personal, de lo cual se dejará debida constancia en el expediente.

CAPITULO X

Artículo 65°.- El Presidente o el Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Colegio será el ejecutor de las sanciones previstas en el inciso 1) del artículo 55.

Artículo 66°.- Cuando el cobro de las multas deba hacerse efectivo por vía de apremio, servirá de título hábil a tal efecto la resolución que impuso la multa, y en el caso de haber sido recurrida, la de su confirmatorio. A tales efectos deberán llevar ambas además, las firmas del Presidente y el Secretario de la Junta Directiva.

Artículo 67°.- El Colegio dispondrá lo necesario para dar cumplimiento a las sanciones impuestas por imperio de los incisos 3) y 4) del artículo 55.

Artículo 68°.- En el caso de cancelación de la matrícula, producida por aplicación del inciso 4) del artículo 55, el Colegio, a pedido del interesado, podrá disponer su reinscripción luego de cinco años contados desde la resolución firme que se impuso la sanción. Pero si en ese lapso el mencionado hubiese incurrido en la infracción que prevé el inciso 2) del artículo 54, la reinscripción no podrá ser concedida antes de cumplirse cinco años desde la resolución firme que impuso sanción por esta última infracción.

CAPITULO XI

Artículo 70°.- Todas las resoluciones serán susceptibles del recurso de reconsideración, el que deberá deducirse dentro del término de tres días de su notificación.

Artículo 71°.- Las resoluciones dictadas en asuntos o cuestiones de orden legal, relacionadas con la administración de la institución, con el régimen de la profesión que regula esta ley, con el ejercicio profesional o con el gobierno de la matricula podrán ser impugnadas por la vía judicial dentro de los quince días de notificadas las mismas. En caso de haberse usado el recurso de reconsideración, el término se contará desde la notificación de la resolución que recaiga en este último.

CAPITULO XII

Artículo 73°.- El Colegio de Ingenieros Civiles sólo podrá ser intervenido por el Poder Judicial.

CAPITULO XIII

Artículo 75°.- Por esta única vez, el Colegio de Ingenieros Civiles admitirá la inscripción en su matrícula de Ingenieros en Construcciones (Plan unificado, aprobado por el Consejo Nacional Universitario - Año 1953 - Resolución 97/7-1957 Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán). Las personas comprendidas en esta disposición deberán solicitar la inscripción correspondiente dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir de la vigencia de la presente.

Artículo 76°.- Créase la Comisión Organizadora del Colegio de Ingenieros Civiles, la que estará integrada por los Ingenieros Civiles Vocales Titulares y Suplentes de la División N° 1 del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Tucumán Ley N° 5.275, y funcionará en la sede de dicho Consejo Profesional.
Esta Comisión tendrá a su cargo:
1) Dentro de los quince (15) días de la vigencia de la presente ley, llamar a una Asamblea Extraordinaria de los matriculados de la misma División número 1, para dentro de los quince (15) días posteriores, con el objeto de proceder por esta única vez a elegir las Autoridades del Colegio para el primer período. El llamado deberá publicarse en el Boletín Oficial por tres (3) días con cinco (5) de antelación.
2) Hasta tanto se constituyan las autoridades del Colegio creado por esta ley, ejercer su representación en todas las cuestiones vinculadas con el cumplimiento de las finalidades perseguidas.

Artículo 77°.- Hasta tanto se reglamente esta ley, se mantendrán válidas las matrículas profesionales que lleva el actual Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Tucumán, correspondientes a la División N° 1, reservada para Ingenieros Civiles.

Artículo 78°.- Los Vocales Titulares y Suplentes de la División N° 1 de Ingenieros Civiles, se mantendrán en sus cargos a fin de participar en la determinación de la parte proporcional de los bienes del actual Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Tucumán, que pasarán a formar parte del patrimonio del Colegio de Ingenieros Civiles, de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la presente ley.
En el cumplimiento de esta tarea, conjuntamente con el resto de las divisiones agrupadas en el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Tucumán, determinarán de común acuerdo los bienes que le correspondan a las respectivas instituciones, pudiendo establecer condominios sobre aquellos bienes cuya partición material resultara inconveniente. La escisión se hará conforme al balance e inventario que se practicará al efecto, teniendo como, base los aportes históricos efectuados por cada División desde la vigencia del Decreto 134/63 a la fecha. Dichos valores deberán actualizarse con el índice de variación de costo de la construcción, según la Cámara Argentina de la Construcción.

Artículo 79°.- Hasta tanto se organice técnica y administrativamente el Colegio de Ingenieros Civiles, la tramitación de la documentación técnica y el pago de honorarios pendientes se realizará a través del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Tucumán.

Artículo 80°.- Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley.

Artículo 81°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta días de su entrada en vigencia.

Artículo 82°.- Comuníquese.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los seis días del mes de enero de mil novecientos noventa.
- Alberto Herrera vicepresidente 1° del H. Senado a/c. de la Presidencia. - Ernesto Jorge Llarrull vicepresidente 1° H. Cámara de Diputados de Tucumán, - Ángel Modesto Gómez, secretario H. Senado Tuc. - Francisco Enrique Camacho, secretario H. Cámara de Diputados de Tucumán. Registrada bajo el N° 6.004.
San Miguel de Tucwnán, 12 de enero de 1990.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese en el BOLETIN OFICIAL y archívese en el Registro Oficial de Leyes y Decretos. - Ing. JOSE DOMATO, Gobernador de Tucurnán. - C.P.N. Eduardo Norberto González Morenghi, Ministro de Economía.

LEY N° 6.509

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de:
LEY:

TITULO I
CAPITULO UNICO
Regimen General

Artículo 1°.- Déjase sin efecto, el cobro centralizado por parte de entidades profesionales en la percepción de honorarios de sus miembros; fijación de aranceles mínimos con carácter de restricciones que impidan el ejercicio de las profesiones de quienes hayan obtenido los títulos de grado respectivos, contenidos en las leyes N° 5480, 5233, 5708, 4209, 5275, 6004, 5994, 5993, 5946, 5542, 5803, 5467, 5947, 5721, 5482, 5483 y cualquier otra norma vigente en la Provincia de Tucumán, con respecto a estas leyes, con las excepciones que establece la presente.

Artículo 2°.- Los profesionales percibirán sus honorarios de sus clientes representados, patrocinados, asistidos o comitentes, conforme al monto que pacten en convenio que deberá comunicarse y registrarse en la entidad profesional respectiva. En ausencia de convenio formalmente instrumentado, la determinación de honorarios se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
a) Si se tratase de trabajos realizados por profesionales en procesos judiciales, los jueces deberán efectuar la regulación de honorarios correspondientes, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
b) Si se tratase de honorarios por labor extra judicial de los profesionales, deberá estarse a lo dispuesto por el Código Civil de la República Argentina.
En el caso de obras sociales, reguladas por disposiciones legales provinciales, deberán adecuar sus reglamentaciones con el objeto de garantizar, dentro de las condiciones de equidad y precio del servicio que establezca, la libre elección de los prestadores por parte de los afiliados. Las liquidaciones deberán ser efectuadas en forma directa a los prestadores que así lo requieran, en tanto reembolsen a la obra social los mayores gastos que en razón de ello se le produzca dentro de los aranceles que la entidad acuerda.
En ningún caso podrá imponerse como condición para la aceptación de un profesional prestador de la obra social, su asociación a determinada entidad profesional o asociación.
Prohíbese toda forma directa o indirecta de cobros centralizados y compulsivos de las retribuciones declaradas de orden público a través de entidades públicas o privadas. La prohibición establecida en el párrafo precedente no afecta el cobro de las matrículas, cuotas sociales, o de otras sumas de dinero por conceptos análogos que perciban dichas entidades de sus miembros o asociados cuando hubieren sido prestados o convenidos libremente, o cuando el Estado Provincial haya delegado en tales entidades la matriculación profesional, y los conceptos percibidos correspondientes al otorgamiento y contralor de la matrícula y de la vigencia de los principios de norma de ética profesional. Tampoco están comprendidas en la prohibición establecida anteriormente, los sistemas centralizados de percepción de aranceles, honorarios o comisiones correspondientes a trabajos profesionales convenidos, a través de mandatos otorgados por los mismos a los colegios profesionales o a través de entidades sociales creadas al efecto.
La presente disposición deroga toda norma aplicable a aranceles profesionales en lo que se oponga a ella. Sólo se admitirán como excepciones las que establece la presente ley.

Artículo 3°.- La matriculación de los profesionales es recaudo previo para el ejercicio de las profesiones liberales en el ámbito de la Provincia de Tucumán. La organización y el otorgamiento de la matricula y los sistemas de control del ejercicio de las profesiones liberales corresponden al Estado Provincial, que podrá delegar los actos de ejecución a ellos referidos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Artículo 4°.- En los casos de profesiones en las que la matriculación y el control del ejercicio profesional sean ejercidos en forma directa por el Estado Provincial, la delegación de la ejecución de dichos actos, en favor de una entidad profesional, podrá ser decidida en el futuro por ley.
Las entidades de profesionales, que a la fecha de vigencia de la presente ley, posean facultades legales inherentes al otorgamiento de sus respectivas matrículas y control del ejercicio profesional, continuarán como beneficiarias de la delegación prevista en el segundo párrafo del articulo 3 de esta ley, con arreglo a las disposiciones pertinentes.

Artículo 5°.- Los asociados a entidades profesionales proveerán para el sostenimiento de las mismas, los aportes que establezcan sus órganos deliberativos, de conformidad con los mecanismos legales o estatutarios correspondientes.

Artículo 6°.- Las entidades profesionales beneficiarias de las delegaciones previstas en la presente ley, deberán aprobar con intervención de los órganos deliberativos, el presupuesto de gastos y cálculo de recursos inherentes a los actos que hayan sido delegados y fijarán los importes dinerarios, alícuotas o porcentuales de los aportes contributivos.

Artículo 7°.- Las entidades actualmente reguladas por leyes especiales que agrupan a profesionales, podrán dictar o adecuar sus propios estatutos de conformidad con los principios de la presente ley. Dichas entidades, serán consideradas continuadoras de las personas jurídicas actualmente regladas por leyes especiales, para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicios de sus derechos. En lo relativo a los actos inherentes a la organización de la matrícula y control del ejercicio profesional, deberán respetar las condiciones legales referidas a su delegación.

Artículo 8°.- Las modificaciones que se preveen en los artículos, siguientes, deberán ser aplicadas e interpretadas de acuerdo con la finalidad de adecuación de las normas vigentes a los principios que sustentan la desregulación promovida por la presente ley.